Leonel Fernández denuncia trabas que frenan US$20,000 millones

Leonel Fernández puso cifra al atasco. Ante representantes de los sectores productivos de La Altagracia, el expresidente afirmó que unos US$20,000 millones en proyectos de inversión llevan cinco años detenidos por la lentitud en la aprobación de permisos de construcción. Lo hizo en un encuentro con el empresariado local, según recoge Dominican Today, y señaló directamente a Punta Cana como el punto donde ese cuello de botella pesa más.

El argumento de Fernández es sencillo y difícil de rebatir: la construcción es uno de los motores de la economía dominicana, y cada proyecto que se queda en el cajón del permiso se traduce en empleo que no se crea, inversión que no aterriza y actividad fiscal que no llega a las arcas provinciales. La Altagracia es, de hecho, la provincia que más aporta al PIB turístico del país, y ahí está el detalle que suele escaparse en el debate: no es solo un problema de hoteleros, es un problema de ingresos públicos. Cada mes de retraso en un resort o en un desarrollo residencial en la zona Este es un mes sin ITBIS, sin impuesto sobre la renta de la operación y sin las contribuciones que sostienen servicios en Verón, Bávaro o Higüey.

La fuente no entra en el detalle de qué institución concreta genera la demora ni de cuántos proyectos componen esa cartera de US$20,000 millones. Tampoco distingue entre capital nacional y extranjero. Lo que sí deja claro es que el reclamo no viene solo del sector privado: un expresidente con peso en la política dominicana pone el dedo en la llaga del trámite. Y ahí conviene ser preciso. El problema no suele ser la falta de inversionistas interesados en Punta Cana, el problema es el tiempo que transcurre entre la carta de intención y la primera pala. Ese intervalo es el que decide si el capital se queda en el país o se va a otro destino del Caribe que le mueve el expediente en semanas.

• Trámite que se atasca: permisos de construcción en zona turística.
• Destino más expuesto: Punta Cana y el corredor de Bávaro.
• Provincia con más en juego: La Altagracia.
• Monto detenido según Fernández: US$20,000 millones.

La lectura es clara: agilizar permisos en La Altagracia no es un favor al inversionista, es una política de ingresos para el Estado. Un resort que abre un año antes factura un año antes, paga impuestos un año antes y emplea a gente un año antes. Si el país quiere sostener el ritmo de llegadas que viene registrando y convertir ese flujo en desarrollo provincial real, el trámite tiene que dejar de ser el freno. La oportunidad está servida: ventanilla única efectiva, plazos públicos y un calendario que el inversionista pueda leer antes de firmar.

Queda por ver si el reclamo de Fernández se traduce en algo concreto en el plano institucional o si se queda en tribuna. Conviene vigilar dos cosas: si el Ministerio de Turismo y las autoridades de La Altagracia abren una mesa técnica con los sectores productivos, y si esa cartera de US$20,000 millones empieza a moverse en los próximos trimestres. Ahí se sabrá si el discurso pasa a la práctica.